ECUARUNARI presentó demandas de inconstitucionalidad a Ley de Semillas y Decreto 739

En Corte Constitucional ECUARUNARI presentó Demanda de Inconstitucionalidad a Ley de Semillas aprobado en Asamblea Nacional, junto al Decreto 739 (sobre restricción a libre asociación).
Si a nuestras Semillas milenarias
No a los transgênicos

El Decreto 739 que restringe la libre asociación y es ampliación del decreto 16 emitido por el ex presidente Correa.

Por otro lado la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Semillas en especial al art. 56 de la ley de biodiversidad y semillas, donde da paso al libre al ingreso de los transgénicos en Ecuador. Así camuflando una guerra biológica en Ecuador y dando paso libre a las multinacionales que han causado y afectado a la economía de todos los ecuatorianos y muchas enfermedades.

Con respecto al tema minero por no haber realizado ni una sola consulta, por incompetente y no la aplicación de los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas, por lo tanto desde ya pedimos la RENUNCIA al ministro Córdova.

EcuaChaski

DOCUMENTOS

  1. LEY SEMILLAS

SENORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

ECUADOR RUNAKUNAPAK RIKCHARIMUY “ECUARUNARI”, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, CARLOS PÉREZ GUARTAMBEL Y SU VICEPRESIDENTA BLANCA CHANCOSO, LEGITIMADOS ACTIVOS EN EL PROCESO, COMO SE INFIERE DE LOS NOMBRAMIENTOS ANEXOS A LA DEMANDA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 436.2 Y  439 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN ADELANTE “CRE”; 74 Y 77 DE LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, FORMULA LA SIGUIENTE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD:

ÓRGANO EMISOR DE LA DISPOSICIÓN OBJETO DEL PROCESO

FORMULA LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LICENCIADO LENÍN MORENO GARCÉS, EN TANTO COLEGISLADOR, Y DE LA ASAMBLEA NACIONAL, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, DOCTOR JOSÉ SERRANO SALGADO, EN TANTO LEGISLADORA.

INCONSTITUCIONALIDAD POR EL FONDO

IMPUGNA LA INCONSTITUCIONALIDAD POR EL FONDO DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE, EN ADELANTE “LOAS” PORQUE ABRE LA PUERTA PARA EL INGRESO SIN RETORNO DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS, SIN CONSIDERAR:

1) LAS LESIONES GRAVES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS, COMUNAS, PUEBLOS Y NACIONALIDADES, SEA COMO PRODUCTORES AGRÍCOLAS, SEA COMO CONSUMIDORES DE ALIMENTOS, QUE SU INTRODUCCIÓN TRAERÁ COMO CONSECUENC IA, AÚN CUANDO EXISTIERA, EN LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR, LA VOLUNTAD CIERTA DE LIMITAR SU EMPLEO A LA INVESTIGACIÓN;

2) LA VULNERACIÓN AD-PORTAS, IRREPARABLE O DE MUY DIFICIL REPARACIÓN DE   LOS DERECHOS DE LA PACHAMAMA, LA QUE, HALLÁNDOSE EN SITUACIÓN OBVIA DE INDEFENSIÓN, PRECISA DE LA MEDIACIÓN HUMANA PARA SU PROTECCIÓN, Y ENCONTRÁNDOSE EN CONDICIÓN DE PARTE DÉBIL DE UNA RELACIÓN ASIMÉTRICA CON LA ACTIVIDAD DEPREDATORIA DEL SER HUMANO, REQUIERE DE LA APLICACIÓN PROTECTORA  DEL PRINCIPIO IN DUBIUM PRO NATURA, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 395.4 CRE;

3) LA INCOMPATIBILIDAD EVIDENTE CON “EL BUEN VIVIR”, COMO MODELO DE CONVIVENCIA QUE SE PRETENDE CONSTRUIR,  COMO PARADIGMA DEL “SUMAK KAWSAY”, QUE SE DEBE CONSTRUIR, POR MANDATO CONSIGNADO EN EL PREÁMBULO DE LA CONSTITUCIÓN DE MONTECRISTI;

4) LA INCONGRUENCIA, FÁCILMENTE IDENTIFICABLE, ENTRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO SOBRE LA AGRODIVERSIDAD, LAS SEMILLAS Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE QUE LA LEY INTENTA MONTAR, Y LA AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS PARA FINES DE INVESTIGACIÓN, PERMISO LEGAL QUE PRECISAMENTE CREA LAS CONDICIONES PARA ACABAR CON LA AGRO-BIO- DIVERSIDAD, CON LA INMENSA VARIEDAD DE SEMILLAS QUE OFRECE EL PAÍS Y CON LA AGRICULTURA SUSTENTABLE;

5) LOS DAÑOS REALES, GRAVES, IRREVERSIBLES E IRREPARABLES EN LO SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL, QUE SU INTRODUCCIÓN Y USO TRAE COMO CONSECUENCIA.

PARA EL ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA, LA REPRODUCE TEXTUALMENTE:

ARTÍCULO 56.- SEMILLAS  Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS.- SE PERMITE EL INGRESO DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS AL TERRITORIO NACIONAL, ÚNICAMENTE PARA SER UTILIZADOS CON FINES INVESTIGATIVOS. EN CASO DE SE REQUIERA EL INGRESO PARA OTROS FINES DISTINTOS, SE DEBERÁ SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN PARA TAL EFECTO.

CONSTITUYEN INFRACCIONES ESPECIALES MUY GRAVES, EL INGRESO O USO NO AUTORIZADO DE SEMILLAS Y CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS PARA CUALQUIER FIN QUE NO SEA EL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

ESTE PRECEPTO CONTIENE:

UNA PERMISIÓN, QUE AUTORIZA EL INGRESO DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS  PARA FINES DE INVESTIGACIÓN;

UN RECORDERIS DE QUE LA CONSTITUCIÓN  ESTABLECE EL CAMINO PARA LA INTRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS SIN RESTRICCIONES (NO LO DICE EXPRESAMENTE, PERO SE REFIERE AL ARTÍCULO 401 CRE); Y

LA CALIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN, COMO INFRACCIÓN ESPECIAL GRAVE, MUY GRAVE DICE EL PRECEPTO,  AL INGRESO O USO NO AUTORIZADO DE SEMILLAS Y CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS PARA CUALQUIER FIN QUE NO SEA EL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

PARA UN MEJOR LECTURA DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA, CONVIENE REPRODUCIR PARCIALMENTE, UN BOLETÍN DE ACCIÓN ECOLÓGICA, REFERIDO AL VETO DEL PRESIDENTE RAFAEL CORREA, QUE PROPONE EL INGRESO DE TRANSGÉNICOS EN EL ECUADOR:

ESTA PRETENDIDA LEGALIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS SE INSERTA EN UNA LEY QUE TIENE COMO OBJETIVOS PROTEGER, REVITALIZAR, MULTIPLICAR Y DINAMIZAR LA AGRO-BIODIVERSIDAD”. NADA MÁS ALEJADO DE ESTOS PROPÓSITOS QUE PERMITIR LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS EN EL PAÍS, AUN CUANDO SE LO PRESENTE EXCLUSIVAMENTE CON FINES DE INVESTIGACIÓN. EN PAÍSES COMO MÉXICO, LOS “CAMPOS PILOTO” DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS PUEDEN OCUPAR VASTAS ÁREAS, Y SU COSECHA PUEDE SER COMERCIALIZADA. LA “EXPERIMENTACIÓN” CON CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON, CLARAMENTE, UNA PUERTA ABIERTA PARA SU LEGALIZACIÓN. LA SOCIEDAD INTERNACIONAL SALUDÓ A LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR CUANDO DECLARÓ AL PAÍS “LIBRE DE CULTIVOS Y SEMILLAS TRANSGÉNICAS”. ESTE FUE EL PRIMER PAÍS QUE ACOGIÓ UNA ASPIRACIÓN DEL MOVIMIENTO INDIGENA CAMPESINO, AMBIENTAL Y DE CONSUMIDORES DE TODO EL MUNDO. DIEZ AÑOS DESPUÉS, EL EJECUTIVO INTERPRETA EL TEXTO CONSTITUCIONAL ARGUMENTANDO QUE SE PUEDE ABRIR EL INGRESO DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS EXCLUSIVAMENTE PARA LA INVESTIGACIÓN. ESTA ES SIN DUDA UNA MALA INTERPRETACIÓN DEL ART. 401 CUANDO DICE QUE EL ESTADO REGULARÁ BAJO ESTRICTAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, EL USO Y EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA Y SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO SU EXPERIMENTACIÓN, USO Y COMERCIALIZACIÓN. EL TEXTO NO HABLA DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS, PORQUE SERÍA UNA CONTRADICCIÓN QUE, POR UN LADO PROHÍBA LAS SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS, Y POR OTRO PERMITA, VÍA REGULACIÓN, SU “EXPERIMENTACIÓN, USO Y COMERCIALIZACIÓN”. EL TEXTO SE REFIERE DE MANERA GENÉRICA A LA “BIOTECNOLOGÍA MODERNA”, QUE CUBRE UNA AMPLIA GAMA DE PROCESOS (COMO EL USO DE ANTICUERPOS MONOCLONALES, MARCADORES MOLECULARES, CULTIVOS DE CÉLULAS Y DE TEJIDOS, ELABORACIÓN DE VACUNAS, ETC.). TODA UNA SERIE DE NUEVAS BIOTECNOLOGÍAS DEBEN ESTAR REGULADAS POR EL ESTADO. ADEMÁS, ES PREOCUPANTE QUE SE QUIERA PERMITIR EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS CON FINES INVESTIGATIVOS, PUES INDEPENDIENTEMENTE DEL USO FINAL QUE TENGAN, LA PRESENCIA DE PLANTAS TRANSGÉNICAS EN EL AGRO CONSTITUYE UN PELIGRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS CAMPESINOS. NO SE PUEDE IMPEDIR QUE UNA ABEJA SE ACERQUE A TOMAR POLEN DE UNA PLANTA TRANSGÉNICA, NI AL VIENTO QUE ESPARZA EL POLEN TRANSGÉNICO Y CONTAMINE CULTIVOS ALEDAÑOS. ESTÁ MUY BIEN DOCUMENTADO QUE LA CONTAMINACIÓN GENÉTICA A TRAVÉS DEL VIENTO Y DE OTROS POLINIZADORES ES MUY FRECUENTE. LA CONTAMINACIÓN GENÉTICA HA PERMITIDO A LA EMPRESA MONSANTO (QUE TIENE EL MONOPOLIO DE LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS) INTERPONER CASOS LEGALES A PRODUCTORES CONVENCIONALES, CUYOS CULTIVOS CONTENÍAN “SUS RASGOS TRANSGÉNICOS”, CON EL ARGUMENTO DE QUE ÉSTOS HABÍAN “INFRINGIDO LAS PATENTES DE LA EMPRESA. ¿PARA QUÉ SE QUIERE HACER INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON UNOS CULTIVOS Y UNAS SEMILLAS QUE ESTÁN PROHIBIDAS CONSTITUCIONALMENTE? EN EL PEQUEÑO GRUPO DE PAÍSES QUE HAN ADOPTADO DE MANERA MASIVA LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS, ÉSTOS FAVORECEN EXCLUSIVAMENTE AL PODEROSÍSIMO SECTOR DEL AGRO-NEGOCIO. EN UN WIKILEAK QUE SE FILTRÓ POCO DESPUÉS DE ADOPTADA LA NUEVA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, LA EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS EXPLICA AL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE SU PAÍS QUE LA EXCEPCIÓN PRESIDENCIAL CONTEMPLADA EN (EL ARTÍCULO 401 DE) LA CONSTITUCIÓN FUE AÑADIDA SOLO COMO RESULTADO DEL CABILDEO DE LOS INFLUYENTES AGRO-NEGOCIOS DEL ECUADOR.” (REMARCADO REALIZADO POR LA DEMANDANTE)

LA PRESENTE CITA, QUE TIENE LA CREDIBILIDAD Y AUTORIDAD ÉTICA Y CIENTÍFICA DE ACCIÓN ECOLÓGICA, EN CUYO EQUIPO SE ENCUENTRA LA PHD, ELIZABETH BRAVO, QUIÉN ES LA EXPERTA QUE MÁS HA INVESTIGADO SOBRE LAS SEMILLAS Y CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS EN EL ECUADOR, OFRECE ALGUMENTOS PARA SEÑALAR:

  1. QUE ES IMPOSIBLE EVITAR LA CONTAMINACIÓN GENÉTICA CAUSADA POR EL INGRESO DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE EMPLEARLOS EN INVESTIGACIÓN
  2. QUE EL COMPONENTE PERMISIVO DEL ARTÍCULO 56 LOAS, EXPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO, RESPONDE A UN CABILDEO INTERESADO DE LAS TRANSNACIONALES EN ORDEN A PERSUADIR AL ESTADO ADMINISTRADOR Y AL ESTADO LEGISLADOR SOBRE LA CONVENIENCIA DE INTRODUCIR SEMILLAS Y CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, COMENZANDO POR SU EMPLEO EN LA INVESTIGACIÓN, PUESTO QUE EL INGRESO Y EMPLEO MASIVO DE ÉSTOS, SEGÚN LAS AGRO NEGOCIANTES, RESOLVERÍA EL PROBLEMA DE LA POBREZA Y LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA
  3. QUE EL COMPONENTE RECORDATORIO DE LA EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE TRAER Y EMPLEAR TRANSGÉNICOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 401 CRE, EXPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO, SEPARADO AL PRIMERO, APENAS POR UN PUNTO SEGUIDO, RATIFICA EL ENCANTO PERSUASIVO QUE TUVIERON LAS TRANSNACIONALES MONOPÓLICAS, ANTES (EN LA APROBACIÓN DE DICHA EXCEPCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN) COMO AHORA (EN LA PERMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA LOAS)
  4. QUE LA CONSTITUCIÓN O DETERMINACIÓN COMO DELITO GRAVE A LA IMPORTACIÓN Y EL EMPLEO NO AUTORIZADO DE TRANSGÉNICOS QUIERE PROYECTAR UNA, POCO VEROSIMIL, RIGUROSIDAD RESPECTO DEL INGRESO Y USO NO AUTORIZADO DE SEMILLAS Y CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, Y ANUNCIA, SIN QUERER – TRAICIÓN DEL INCONSCIENTE DEL LEGISLADOR Y DEL COLEGISLADOR – LA INMINENTE APERTURA, SIN TRABAS LEGALES, AL INGRESO Y EMPLEO DE TRANSGÉNICOS EN EL PAÍS, DEJANDO EN CLARO, UNA VEZ MÁS QUE NUESTRA CONSTITUCIÓN TAN, PERO TAN ECOLOGISTA QUE HASTA RECONOCE DERECHOS DE LA NATURALEZA, Y TAN GARANTISTA, PERO TAN GARANTISTA, QUE ADEMÁS  DE CONSAGRAR TANTOS DERECHOS FUNDAMENTALES, HA DISEÑADO TANTAS GARANTÍAS (OBLIGACIONALES DEL ESTADO DE ASEGURAR EL RESPETO Y PROTECCIÓN; JURISDICCIONALES, NORMATIVAS; POLÍTICAS PÚBLICAS; SERVICIOS PÚBLICOS; PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO) PARA SU APLICACIÓN EFECTIVA, ES ANTES BIEN, UN PRODUCTO DE EXPORTACIÓN PARA IMPRESIONAR A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN LOS FOROS INTERNACIONALES, QUE NO PARA EL CONSUMO INTERNO, PUES, POR UN LADO, LA CARTA FUNDAMENTAL DE MONTECRISTI, EN LO QUE A DERECHOS FUNDAMENTALES SE REFIERE, RESULTA UNA MERCANCÍA TAN LUJOSA Y TAN CARA, QUE EL CIUDADANO DE A PIE, LOS CAMPESINOS, LOS AGRICULTORES Y CONSUMIDORES ECUATORIANOS NO ESTÁN PREPARADOS PARA GOZAR DE ESTA JOYA, Y POR OTRO, AL ESTADO ECUATORIANO LE FALTA LA DETERMINACIÓN POLÍTICA  Y LOS RECURSOS  PARA GARANTIZAR, CUMPLIENDO OBLIGACIONES POSITIVAS DE HACER Y DE DAR, LA REAL VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PACHAMAMA, RECURSOS OCUPADOS ANTES BIEN EN NEGOCIOS MÁS LUCRATIVOS Y MENOS ONEROSOS QUE SATISFACER LOS FISCALMENTE GRAVOSOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR.

ATENTA LECTURA DE LOS CONSIDERANDOS DE LA LEY

PARA ESTABLECER LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 56 LOAS, LA ACTORA SUGIERE A LAS Y LOS JUECES LEER LOS DOCE PRIMEROS CONSIDERANDOS DE LA LEY, TODOS LOS CUALES SE REFIEREN A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES PERTINENTES (ARTÍCULOS 13,14, 15, 57.8, 57.12, 73, 281,281.6, 320, 400, 401 Y 402) Y REFERENTES OBLIGATORIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTA NORMATIVA Y LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE LA BIO-AGRO-ECOLOGÍA, LAS SEMILLAS Y EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA QUE SUBYACE EN ESTE CUERPO LEGAL.

LEÍDOS QUE FUERAN ESTOS CONSIDERANDOS, SOLICITA DE LAS JUEZAS O LOS JUECES COTEJAR EL CONTENIDO DE ESTOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES CON LO QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 56 LOAS.

DE LA COMPARACIÓN DE AQUELLOS PRECEPTOS CON ESTE ARTÍCULO, EL TRIBUNAL CONCLUIRÁ QUE ESTA DISPOSICIÓN SE ENCUENTRA DESPRENDIDA DE AQUÉLLOS; QUE SE HALLA UBICADA FUERA DEL SISTEMA COHERENTE DE ESTE CUERPO LEGAL Y DE LA POLÍTICA PÚBLICA INMERSA EN ÉSTE; QUE APARTE DE DESPRENDIDA Y EXTRASISTÉMICA, DEVIENE – LO QUE ES MÁS GRAVE- EN ATENTORIA RESPECTO DE LAS MISMAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE HAN SERVIDO DE CONSIDERANDOS DE LA LEY ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE.

LA CORTE DEBE CONCLUIR QUE NO EXISTE LA DEBIDA COHERENCIA ENTRE ESTA DISPOSICIÓN – TAN HOSTIL Y EXTRAÑA A LA CONSTITUCIÓN Y AL TODO ORGÁNICO DE LA LEY-  Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE PRETENDE INSTALARSE CON ESTA LEY, EN EL TEMA DE AGRODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE, MISMO QUE POR CIERTO SE HALLA RAZONABLEMENTE AJUSTADO A LAS DISPOSICIONES SOBRE  DERECHOS FUNDAMENTALES, CONSGRADOS EN LA CARTA POLÍTICA DE MONTECRISTI.

OPINIÓN DE EXPERTA DEL SENPLADES

SI LA CORTE CONSTITUCIONAL TUVIESE ALGUNA PREVENCIÓN EN CONTRA DE ACCIÓN ECOLÓGICA, ACUDAMOS ENTONCES A LO QUE DICE GEOVANA LASSO, NADA MENOS QUE LA FUNCIONARIA HACEDORA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DEL BUEN VIVIR RURAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SENPLADES)

“EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS VARIEDADES NATIVAS IMPLICARÍA UN TOTAL CONTROL DE LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN (CAMPOS EXPERIMENTALES, CULTIVOS COMERCIALES, PLANTAS ‘VOLUNTARIAS’, BANCOS DE SEMILLAS IN-SITU, PLANTAS CONTAMINADAS, MAQUINARIA AGRÍCOLA, TRACTORES Y LUGARES DE ALMACENAMIENTO) Y AGENTES DE CONTAMINACIÓN (VIENTO, INSECTOS, AVES, OTROS ANIMALES, SER HUMANO, CURSOS DE AGUA, MAQUINARIA AGRÍCOLA).

ES IMPOSIBLE CONTROLAR TODOS ESTOS AGENTES Y RECURSOS CONTAMINANTES, POR LO QUE LA CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA ES REAL Y ESTÁ CONFIRMADA EN VARIOS PAÍSES EN DONDE SE HAN ADOPTADO CULTIVOS TRANSGÉNICOS O SE IMPORTAN OGM (ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS) LA CONTAMINACIÓN TIENE GRAVES CONSECUENCIAS, ENTRE LAS QUE PODEMOS MENCIONAR:

–              PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA Y AGRO-BIODIVERSIDAD. ESTE PROBLEMA ES CRÍTICO EN ÁREAS QUE SON CENTROS DE DIVERSIDAD, COMO ES EL CASO DE MÉXICO, PERÚ, BOLIVIA, ECUADOR, INDIA, ETC. Y ESTE SE ACENTÚA YA QUE LA CONTAMINACIÓN NO SOLO SE DA ENTRE LAS ESPECIES DOMESTICADAS, SINO TAMBIÉN LLEGA A ESPECIES SILVESTRES EMPARENTADAS, Y A LAS EMPARENTADAS DE ÉSTAS; ES DECIR QUE LA CONTAMINACIÓN ES EXPONENCIAL Y PONE EN RIESGO A LA BIODIVERSIDAD EN GENERAL. 

–              PÉRDIDAS ECONÓMICAS: LOS PRODUCTORES ORGÁNICOS CERTIFICADOS EXPERIMENTAN CONSIDERABLES PÉRDIDAS ECONÓMICAS CUANDO SUS PRODUCTOS SON RECHAZADOS POR ESTAR CONTAMINADOS. LOS PRODUCTORES PIERDEN SU CAPACIDAD DE ELEGIR QUÉ SEMILLAS CULTIVAR Y QUÉ PRÁCTICAS DE CULTIVO MANEJAR, PUESTO QUE LA CONTAMINACIÓN GENÉTICA IMPLICA PRÁCTICAS DE CULTIVO ESPECIALES.

–              MAYOR USO DE AGROQUÍMICOS: LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS MÁS GENERALIZADOS SON AQUELLOS CON EL GEN QUE LES CONFIERE RESISTENCIA A HERBICIDAS. A TRAVÉS DE LA CONTAMINACIÓN GENÉTICA ES ESTE RASGO, LA RESISTENCIA A HERBICIDAS, EL QUE SE TRANSMITE, LO QUE IMPLICA QUE CULTIVOS ORGÁNICOS SUFRAN PÉRDIDAS DE SUS CULTIVOS O QUE CULTIVOS CONVENCIONALES SE VEAN OBLIGADOS A USAR MAYORES CANTIDADES DE QUÍMICOS.

–              PROBLEMAS JURÍDICOS POR PATENTES: EN ALGUNOS PAÍSES, COMO EEUU, CANADÁ, ARGENTINA, PRODUCTORES CUYOS CULTIVOS HAN SIDO CONTAMINADOS HAN SIDO SUJETOS A DEMANDAS JUDICIALES POR PARTE DE MONSANTO, POR HACER USO DE SUS GENES PATENTADOS.” (REMARCADO POR LA DEMANDANTE)

FINALIDAD DEL CONTROL ABSTRACTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD

VISTA ESTA INCOHERENCIA Y HOSTILIDAD DEL ARTÍCULO 56 LOAS HACIA LA CONSTITUCIÓN, SUGIERE A LA CORTE ACUDIR A LA LECTURA DEL ARTÍCULO 74 LOGJCC, REFERIDO A LA FINALIDAD DEL CONTROL ABSTRACTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD, LUEGO DE LO CUAL PODRÁ COLEGIR QUE LO QUE ECUARUNARI PRETENDE SE AJUSTA PERFECTAMENTE CON EL PROPÓSITO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 56 LOAS Y LA MISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE GARANTIZAR LA UNIDAD Y COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO A TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓN Y LA ELIMINACIÓN DE LAS INCOMPATIBILIDADES NORMATIVAS POR RAZONES DE FONDO O DE FORMA, ENTRE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA JURÍDICO; DISPOSICIONES, COMO LAS CONTENIDAS EN LA LOAS, UNA DE LAS CUALES, LA CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 56, DEVIENE  EN INCOHERENTE E INCOMPATIBLE CON RELACIÓN AL SUB-SISTEMA ORGÁNICO QUE SE INSTALA EN LA LEY (ANTINOMÍA INTERNA DE UNA NORMA CON RELACIÓN A LAS DEMÁS Y A TODO EL CUERPO NORMATIVO), Y CON  EL SISTEMA SUPRALEGAL IMPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y QUE DEFINE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO  DEL PAÍS (ANTINOMÍA ENTRE UNA NORMA INFERIOR Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 56 LOAS NO SOLO EXTRAÑA SINO CONFRONTATIVA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE NO TIENE NI DEBE TENER CABIDA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL PAÍS.

LECTURA DEL OBJETO, DE LOS PRINCIPIOS, DE LOS FINES, DE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y DE LOS DEBERES DEL ESTADO, CONTENIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE

DE LA MISMA MANERA QUE LA DEMANDANTE HA PEDIDO COTEJAR LOS CONSIDERANDOS CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 56 DE LA LOAS, AHORA SUGIERE QUE SE LO HAGA CON EL OBJETO, LOS PRINCIPIOS, LOS FINES, LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y LOS DEBERES DEL ESTADO, PRESCRITOS  EN ESTA LEY.

LA CORTE PUEDE CONSTATAR QUE EL OBJETO, LOS PRINCIPIOS, FINES, LINEAMIENTOS POLÍTICOS Y LOS DEBERES DEL ESTADO PRESCRITOS  EN ESTA LEY SE HALLAN APEGADOS A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES INVOCADOS EN LOS DOCE PRIMEROS CONSIDERANDOS DE LA LEY, DEBIÉNDOSE DESTACAR ALGUNA OBSERVACIÓN QUE TIENE SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA.

EN EL AMPLIO OBJETO DESARROLLADO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY, SE MENCIONA, INTER ALIA; LA PROTECCIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD; LA REGULACIÓN DE AGRICULTURA SUSTENTABLE; EL RESPETO DE LAS DIVERSAS IDENTIDADES, SABERES Y TRADICIONES PARA GARANTIZAR LA AUTOSUFICIENCIA DE ALIMENTOS SANOS, DIVERSOS, NUTRITIVOS Y CULTURAMENTE APROPIADOS PARA ALCANZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y CONTRIBUIR AL BUEN VIVIR

ENTRE LOS DIEZ PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LA LEY, ENLISTADOS EN EL ARTÍCULO CUATRO, SE ENCUENTRAN, INTER ALIA, LA SOSTENIBILIDAD, REFERIDO A LA GARANTÍA DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL ADECUADO USO DE LA AGRO-BIO-DIVERSIDAD; LA INTERCULTURALIDAD, ATINENTE AL RESPETO DE LA INTERCULTURALIDAD, QUE FACILITE LA PRODUCCIÓN, USO E INTERCAMBIO DE SEMILLAS NATIVAS Y TRADICIONALES; Y AL PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES SOBRE LAS SEMILLAS NATIVAS Y EL RECURSO BIOLÓGICO.

ENTRE LOS OCHOS FINES DE LA LEY, DETERMINADOS EN EL ARTÍCULO 5,  SE ENCUENTRAN, ENTRE OTROS, EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA AGRO-BIO-DIVERSIDAD Y EL ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS DE SUSTENTACIÓN PARA EL PRODUCTOR DE SEMILLAS

ENTRE LOS DIEZ Y SEIS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA, CONSIGNADOS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY, SE HALLAN, ENTRE OTROS, EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL FITO-MEJORAMIENTO DE LA SEMILLA Y LA DICTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL USO ILEGAL DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS.

EN TORNO AL SEGUNDO LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA MENCIONADO Y QUE SE HALLA CONTENIDO EN LA LETRA 0) DEL ARTÍCULO 6, ECUARUNARI HACE DOS OBSERVACIONES: LA PRIMERA, QUE SE REFIEREN AL CONTROL Y NO A LA SANCIÓN POR EL DELITO GRAVE, Y SEGUNDO, QUE SE PLANTEA LA POSIBILIDAD DE USO LEGAL DE SEMILLAS Y CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS. A FUER DE MACHACAR SOBRE EL USO LEGAL, SE INTENTA CONVERTIR LA EXCEPCIÓN EN LA REGLA GENERAL. ¡LOGRO DE LAS TRANSNACIONALES!

DE OTRA PARTE, FALTA EN LA LISTA, EL LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA CHOCANTE DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO Y USO DE SEMILLAS Y CULTIVOS PARA FINES DE INVESTIGACIÓN, QUE SE LE HA UBICADO- COMO PARA QUE NO DESENTONE CON LOS OTROS-  EN CAPÍTULO APARTE (III), COMO PIEZA SUELTA,  A SER UTILIZADA Y MANIPULADA, AL ARBITRIO DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES MONOPÓLICAS.

ENTRE LOS DEBERES DEL ESTADO QUE MENCIONA LA LEY EN SU ARTÍCULO 14, SE HALLAN, INTER ALIA, EL DE VIGILAR Y CONTROLAR LA CONDICIÓN DE PAÍS COMO TERRITORIO LIBRE DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS; GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y RECONOCER EL VALOR INTRÍNSECO, CULTURAL, SOCIAL, ECOLÓGICO Y ECONÓMICO DE LA AGRO-BIO-DIVERSIDAD; Y ESTABLECER Y APLICAR MEDIDAS DE PRECAUCIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN CONDUCIR A LA DESTRUCCIÓN, EROSIÓN Y CONTAMINACIÓN FITOSANITARIA Y GENÉTICA DE LA AGRO-BIO-DIVERSIDAD Y DE LOS ECOSISTEMAS.

DE LA LECTURA DEL OBJETO, LOS PRINCIPIOS  DE APLICACIÓN, LA FINALIDAD, LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA Y DE LOS DEBERES DEL ESTADO SE DESPRENDE QUE EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY CONTRADICE ESTE MARCO JURÍDICO QUE POR CIERTO Y, COMO SE HA DICHO, SE HALLA APEGADO, POR LO MENOS RETÓRICAMENTE, A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE CONSAGRAN LOS DERECHOS A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA; LA SALUD; A UN AMBIENTE SANO; AL ACCESO A LA SEMILLA COMO BIEN COMÚN, QUE NO PUEDE SER PRIVATIZADO; A LA AGRO-BIO-DIVERSIDAD Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. DERECHOS ÉSTOS QUE SE HALLAN REAL Y GRAVEMENTE AMENAZADOS POR EL INGRESO, POR LA TRANQUERA DE LA INVESTIGACIÓN, DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS, PERMITIDO, AUTORIZADO Y HASTA FOMENTADO POR EL PRECEPTO DE MARRAS (56), DEBIENDO QUEDAR CLARO QUE LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 401 DE LA CONSTITUCIÓN Y LA REFERIDA DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 56 DE LA LOAS CONSTITUYEN EL CABALLO DE TROYA, DENTRO DEL CUAL PRETENDEN INGRESAR LOS DUEÑOS MONOPÓLICOS DE LAS SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS Y DE LOS AGRO-TÓXICOS QUE DEBEN EMPLEARSE PARA SOSTENER LA PRODUCCIÓN, CUYA VENTA A LOS AGRICULTORES, ATADOS A ESTAS EMPRESAS TRANSNACIONALES, SE LA PERFECCIONA A PRECIOS ELEVADOS, DIFÍCILES DE PAGAR, EN CLAVE DE RUINA PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE ALIMENTOS.

RAZONES  IRREBATIBLES PARA CONCLUIR QUE EL ARTÍCULO 56 LOAS ES INCONSTITUCIONAL

ECUARUNARI FUNDAMENTA  LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO DE MARRAS EN LAS SIGUIENTES RAZONES:

– PORQUE CREA LAS CONDICIONES QUE PERMITEN Y FOMENTAN EL INGRESO Y USO DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS MASIVO Y SIN RESTRICCIONES, COMENZANDO POR EL INOCUO EMPLEO EN INVESTIGACIÓN, A SABIENDAS DE QUE ES IMPOSIBLE EVITAR LA CONTAMINACIÓN GENÉTICA DE LAS SEMILLAS NATIVAS.

– PORQUE EL INGRESO Y USOS DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS, AÚN CUANDO FUERAN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LA INVESTIGACIÓN, TERMINA POR INSTALAR UN SISTEMA LESIVO DE VULNERACIÓN CONTINUA  Y CRECIENTE DE LOS SIGUIENTES DERECHOS FUNDAMENTALES:

  1. EL DERECHO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA SE HALLA AMENAZADO Y COMPROMETIDO, DESDE EL MOMENTO EN QUE EMPRESAS FORÁNEAS MONOPÓLICAS (MONSANTO, PIONNER, SYNGENTA, DOW), CÓMODAMENTE INSTALADAS EN LA PANTALLA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO ECUATORIANO, EN SUS DISTINTOS PISOS CLIMÁTICOS, DETERMINARÁN QUE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA EN EL PAÍS TENGA QUE UTILIZAR NECESARIAMENTE SEMILLAS GENÉTICAMENTE MODIFICADAS, PROTEGIDAS POR PATENTES Y OBTENCIONES VEGETALES, ADAPTADAS AL MEDIO GRACIAS A LA PESQUISA ALENTADA POR EL ESTADO, VENDIDAS EN KITS, QUE INCLUYEN AGROQUÍMICOS Y AGRO-TÓXICOS, IGUALMENTE DAÑINOS PARA LA SALUD Y LA NATURALEZA.

GEOVANNA LASSO, EXPERTA DEL SENPLADES, NOS INDICA QUE LOS ARGUMENTOS DE LAS TRANSNACIONALES MONOPÓLICAS DE QUE LA INTRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS RESUELVE EL PROBLEMA DE LA POBREZA Y DEL HAMBRE PARA VENDERNOS SU EMPLEO EXTENSO E INTENSO EN NUESTRA AGRICULTURA NO TIENE VALIDEZ, PUES EN LOS PAÍSES, COMO ARGENTINA Y LA INDIA, 1) NO HA SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE LA DESNUTRICIÓN Y LA POBREZA; 2) NO HA SOLUCIONADO LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LA MALA ALIMENTACIÓN; 3)LOS PRODUCTORES NO HAN MEJORADO SUS INGRESOS NI SU CALIDAD DE VIDA; 4) NO HA INCREMENTADO LOS RENDIMIENTOS Y MÁS BIEN HA SIDO IGUAL O INFERIOR A LA PRODUCCIÓN CON MÉTODOS CONVENCIONALES; 5) HA INCREMENTADO LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, AL EXTREMO QUE LOS AGRICULTORES HAN TENIDO QUE VENDER SUS TIERRAS PARA ADQUIRIR SEMILLAS E INSUMOS; 6) LOS ENDEUDAMIENTOS PARA ADQUIRIR SEMILLAS TRANSGÉNICAS HAN DEVENIDO EN IMPAGABLES, RAZÓN POR LA CUAL, EN LA INDIA, HA LLEVADO AL SUICIDIO DE MUCHOS AGRICULTORES; 8) SE HA TENIDO QUE INCREMENTAR EL USO DE AGROQUÍMICOS CADA VEZ MÁS TÓXICOS POR EL INCREMENTO DE LA RESISTENCIA DE LAS PLAGAS (SUPER PLAGAS); 9) HA PROPICIADO LA PÉRDIDA ECONÓMICA PARA PRODUCTORES DEDICADOS A LA AGRICULTURA ORGÁNICA PORQUE NO HAN PODIDO VENDER SUS PRODUCTOS POR ESTAR CONTAMINADOS GENÉTICAMENTE, RAZÓN POR LA CUAL HAN SIDO RECHAZADOS; 10) LA CONTAMINACIÓN GENÉTICA QUE HA PROPICIADO, HA MERMADO LA AGRO-BIO-DIVERSIDAD LOCAL; Y 11) HA PROPICIADO EL ABANDONO EN LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS Y CON ELLO LA PÉRDIDA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA.

EMPRESAS TRANSNACIONALES,  QUE DETERMINARÁN IMPERIALMENTE LO QUE TIENEN QUE PRODUCIR (MAÍZ Y SOYA TRANSGÉNICOS) Y COMER LOS ECUATORIANOS, COMO SI SE TRATARA DE ALIMENTOS SANOS (EXISTEN EVIDENCIAS EMPÍRICAS DEL PELIGRO DE CONSUMIR PRODUCTOS ORIGINADOS EN SEMILLAS TRANSGÉNICAS); COMO  SI POR LA SUPUESTA PRODUCTIVIDAD DE LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS, PUDIEREN  EVITAR EL EMPOBRECIMIENTO DE LOS CAMPESINOS QUE TERMINAN SIN TIERRAS Y SIN TRABAJO Y QUE TIENEN QUE MIGRAR A LAS GRANDES URBES, HACIENDO INÚTIL LA SOBREPRODUCCIÓN O LA SUFICIENCIA DE ALIMENTOS; COMO SI FUERAN NUTRITIVOS,  FALTÁNDOLES LA CONDICIÓN DE INDUBITABLEMENTE SANOS; COMO SI RESPONDIERAN AL GUSTO Y A LAS DISTINTAS VARIEDADES DE COMIDAS, ELABORADAS CON SEMILLAS NATIVAS Y TRADICIONALES (CONDENADAS A DESAPARECER), SEGÚN LA RICA DIVERSIDAD DE COSTUMBRES, SABERES Y CULTURAS DEL PUEBLO ECUATORIANO.

TODO ESTO SUCEDERÁ SIN OBJECIÓN LEGAL ALGUNA DE QUIÉN, COMO EL ESTADO, TIENE A SU CARGO EL BIEN COMÚN, LA DEFENSA  DE LOS CONSUMIDORES Y DE LOS AGRICULTORES Y CAMPESINOS ECUATORIANOS, QUE SE VERÁN EN EL CASO DE ADQUIRIR A ESTOS PROVEEDORES MONOPÓLICOS, SEMILLAS TRANSGÉNICAS, RESISTENTES A MUCHAS PLAGAS, PERO VULNERABLES A OTRAS, POR DECISIÓN EMPRESARIAL FORÁNEA, PARA CUYO COMBATE SE TENDRÁ ADQUIRIR LOS PLAGUICIDAS EFICIENTES, INICUOS Y CONTRARIOS A LA PROPUESTA DE IMPULSAR LA AGRO-DIVERSIDAD, LA AGROECOLOGÍA Y LA AGRICULTURA ORGÁNICA; PLAGUICIDAS, AGROQUÍMICOS Y AGRO-TÓXICOS ELABORADOS POR ESTOS MISMOS CARTELES, A VENDERSE IGUALMENTE A ELEVADOS PRECIOS.

NO ESTÁ POR DEMÁS SEÑALAR QUE RESULTA IMPOSIBLE ACOTAR EN UN ESPACIO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO, LA ACCIÓN PERNICIOSA DE LOS TRANSGÉNICOS, PUES NO ES POSIBLE LOGRAR EL CONTROL TOTAL DE LAS FUENTES Y AGENTES DE CONTAMINACIÓN. (ARTÍCULO 13 CRE).

ENTONCES LA AMENAZA DE LESIÓN A ESTE DERECHO Y LOS DAÑOS GRAVES E IRREVERSIBLES QUE SE DERIVAN DE ELLA ES REAL QUE NO IMAGINARIA, ES INMINENTE QUE NO REMOTA O FUTURIBLE.

LOS CARTELES SOLO ESPERABAN LA PERMISIÓN LEGAL. TIENEN LOS CONTENEDORES LISTOS PARA TRAER SEMILLAS TRANSGÉNICAS DE MAÍZ Y DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA SOMETERLAS A UNA PROCESO PREVIO DE ADAPTACIÓN MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO E INSTALAR EN EL ECUADOR EL AGRONEGOCIO  LUCRATIVO DE LAS SEMILLAS TRANSGÉNICAS, FERTILIZANTES QUÍMICOS Y PLAGUICIDAS,  A COSTA DE LOS PRODUCTORES Y CONSUMIDORES ECUATORIANOS, DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LO QUE LE CORRESPONDEN A LA PACHAMAMA,

LA NORMA CUESTIONADA ALIGERA O DESLIGA AL ESTADO DE SU OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS, COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES  ALCANCEN LA AUTOSUFICIENCIA DE ALIMENTOS SANOS Y CULTURALMENTE APROPIADOS, DE MANERA PERMANENTE,  Y ASEGURAR EL USO, LA CONSERVACIÓN E INTERCAMBIO LIBRE DE SEMILLAS, SEGÚN  LO DISPONE EL ARTÍCULO 281 CRE

  1. DERECHOS DE LA NATURALEZA, AMENAZADOS GRAVEMENTE POR LA AUTORIZACIÓN LEGAL PARA EL INGRESO DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS, CUYA INICUIDAD PARA LA MADRE TIERRA, ECUARUNARI LA EXPLICA Y LA EVIDENCIA CON INFORMACIÓN CONFIABLE.

DERECHOS DE LA NATURALEZA, DENTRO DE LOS CUALES SE HALLA  EL DERECHO DE EXIGIR DEL ESTADO:

1) LA APLICACIÓN INMEDIATA DE SU OBLIGACIÓN CORRELATIVA (GARANTÍA, SEGÚN FERRAJOLI) DE ADOPTAR MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y RESTRICCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN CONDUCIR A LA EXTINCIÓN DE ESPECIES, LA DESTRUCCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS O LA ALTERACIÓN PERMANENTE DE LOS CICLOS NATURALES (73 CRE);

2)  DE CUMPLIR Y HACER CUMPLIR CON RIGOR LA PROHIBICIÓN DE INTRODUCIR ORGANISMOS Y MATERIAL ORGÁNICO E INÓRGANICO QUE PUEDAN ALTERAR DE MANERA DEFINITIVA EL PATRIMONIO GENÉTICO NACIONAL, A LA LUZ DE LO QUE DISPONE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 CRE;

3)  LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA GARANTÍA-OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE ADOPTAR POLÍTICAS Y MEDIDAS OPORTUNAS QUE EVITEN IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS, CUANDO EXISTA CERTIDUMBRE DEL DAÑO Y AUN CUANDO NO EXISTIENDO SINO LA DUDA Y FALTA DE EVIDENCIA CIENTÍFICA, SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL DE ALGUNA ACCIÓN U OMISIÓN (COMO LA INTRODUCCIÓN DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS), DE ACUERDO CON LO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 396 CRE;

6) DE CUMPLIR Y SER COHERENTE CON LA DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, EN PARTICULAR LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA Y SILVESTRE Y EL PATRIMONIO GENÉTICO DEL PAÍS, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 400 CRE

6) DE CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN- GARANTÍA DE HONRAR EL PRONUNCIAMIENTO QUE HIZO DE ECUADOR, MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 401 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, APROBADA POR SU PUEBLO, DE DECLARARSE LIBRE DE CULTIVOS Y SEMILLAS TRANSGÉNICAS.

  1. EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO (ARTÍCULO 14 CRE) EN TANTO LAS DECISIÓN LA POLÍTICA PÚBLICA VERTIDA EN EL ARTÍCULO 56 LOAS CONTRADICE LA DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL DE QUE ES DE INTERÉS PÚBLICO LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE, LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, LA BIODIVERSIDAD Y LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO GENÉTICO, LA PREVENCIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL, EN RAZÓN QUE ESTOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA ROMPEN LA PROHIBICIÓN DE INTRODUCIR ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS DAÑINOS PARA LA SALUD O QUE ATENTEN CONTRA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
  2. EL DERECHO A LA SALUD (ARTÍCULO 15 CRE), EN TANTO DERECHO RELACIONADO A OTROS COMO LA ALIMENTACIÓN Y EL AMBIENTE SANO Y EN TANTO DERECHO QUE PASA POR EL PRINCIPIO INSPIRADOR Y PRIORITARIO DE LA PREVENCIÓN Y LA OBLIGACIÓN INCUMPLIDA DEL ESTADO, POR LA SEGURA AUSENCIA DEL MINISTERIO DEL RAMO, DE ESTUDIAR Y OPONERSE AL LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 56 LOAS, A CAUSA DEL RIESGO QUE SIGNIFICA SU IMPLEMENTACIÓN PARA LA SALUD.

GEOVANNA LASSO, NOS ILUSTRA ESTA VEZ SOBRE LOS DAÑOS A LA SALUD:

EL USO DE LAS VARIEDADES GM RESISTENTES AL GLIFOSATO, GLUFOSINATO, 2,4D Y A OTROS HERBICIDAS, HACE QUE LA PLANTA RESISTA EL USO DE GRANDES CANTIDADES DE HERBICIDA SIN MORIR. ESTE ASPECTO POR SI SOLO OCASIONA UN AUMENTO EN EL USO DE HERBICIDAS ALTAMENTE TÓXICOS. ADICIONALMENTE, EL USO MASIVO DE HERBICIDAS OCASIONA QUE LAS PLAGAS SE VAYAN HACIENDO CADA VEZ MÁS RESISTENTES (SÚPER PLAGAS), REGISTRADAS YA EN ÁREAS DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS EN EEUU, CANADÁ, ARGENTINA, LO QUE CONLLEVA AL USO DE MAYORES CANTIDADES DE HERBICIDAS MÁS POTENTES Y TÓXICOS.

LAS VARIEDADES GM MÁS UTILIZADAS SON JUSTAMENTE AQUELLAS CON TOLERANCIA A HERBICIDAS; CUBREN EL 75% DE LAS PLANTACIONES GM DEL MUNDO. EL GLIFOSATO Y GLUFOSINATO AMONIO, Y EN ESPECIAL EL ROUND-UP- LA VERSIÓN DE GLIFOSATO DE LA MONSANTO- SON LOS HERBICIDAS MÁS UTILIZADOS EN ESTE TIPO DE CULTIVOS. SE PROMOCIONAN TAMBIÉN VARIEDADES RESISTENTES AL HERBICIDA 2,4D, UN QUÍMICO POTENTE QUE POSEE 70% DE AGENTE NARANJA, ALTAMENTE CANCERÍGENO.”  (REMARCADO EFECTUADO POR ECUARUNARI)

  1. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL, RECOGIDA EN EL ARTÍCULO 84 CRE, HA SIDO VULNERADA, EN TANTO EL LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA, CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO 56 LOAS, LESIONA VARIOS DERECHOS FUNDAMENTALES, COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA O EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO; GARANTÍA DISEÑADA PRECISAMENTE PARA ASEGURAR LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, PUES TAL DECISIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA POR LESIVA A VARIOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEBE SER ELIMINADA, POR DISPONER LA PROPIA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL CITADA (ARTÍCULO 84.2 CRE).

ESTE LINEAMIENTO  DE POLÍTICA PÚBLICA TAMPOCO ES  COHERENTE CON LA DECLARACIÓN DE QUE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, EN PARTICULAR LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA Y SILVESTRE Y EL PATRIMONIO GENÉTICO DEL PAÍS, ES DE INTERÉS PÚBLICO, DECLARACIÓN ÉSTA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 400 CRE

CON ESTA DECISIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA,  EL ESTADO TAMPOCO CUMPLE CON SU OBLIGACIÓN- GARANTÍA DE HONRAR EL PRONUNCIAMIENTO QUE HIZO EL ECUADOR, MANIFESTADO EN EL ARTÍCULO 401 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, APROBADA POR SU PUEBLO, DE DECLARARSE LIBRE DE CULTIVOS Y SEMILLAS TRANSGÉNICAS.

¿DE QUÉ ESTRATEGIA PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR EN EL MUNDO RURAL ESTAMOS HABLANDO?, SI CON ESTE LINEAMIENTO INCOHERENTE DE POLÍTICA PÚBLICA, EL ESTADO  ABRE DERROTEROS HACIA UN MODELO DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA,  ESTRUCTURAL Y COYUNTURALMENTE REGRESIVO Y VIOLATORIO  DE LOS  DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES Y AMBIENTALES DE LAS PERSONAS, COLECTIVIDADES, Y UN GOLPE MORTAL A LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA (PACHAMAMA).

FELIZMENTE PARA LA CAUSA DE LOS DERECHOS BÁSICOS, EL NUMERAL SEGUNDO DE LA REFERIDA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL SEÑALA QUE CUANDO UNA POLÍTICA PÚBLICA VULNERE O AMENACE VULNERAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, SE LA DEBERÁ (IMPERATIVO QUE NO SOLO FACULTATIVO) REFORMULAR.

Y SI EL LINEAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA CONSTITUYE UNA AMENAZA CONTINUADA DE VULNERACIÓN DE VARIOS DERECHOS FUNDAMENTALES, CONSTA EN UN PRECEPTO DE UN CUERPO LEGAL, COMO EN LA ESPECIE, DECIMOS NOSOTROS, QUE DICHO PRECEPTO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL Y SER EXPULSADO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO-LEGAL DEL PAÍS. ESTE ES EL DESTINO MANIFIESTO DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA.

SOLICITUD DE MEDIDAS PROVISIONALES

DADA LA INTERESADA LA APLICACIÓN INMEDIATA DEL ARTÍCULO 53 LOAS DESDE LOS CARTELES MONOPÓLICOS FORÁNEOS Y LAS SECUELAS NEGATIVAS PARA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EXPUESTOS A LA ARREMETIDA DE LOS TRANSGÉNICOS, ECUARUNARI, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79.6 LOGJCC SOLICITA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:

1) SUSPENDER PROVISIONALMENTE LOS EFECTOS DE ESTA DISPOSICIÓN Y

2)  DE SER POSIBLE, PROHIBIR, ASIMISMO PROVISIONALMENTE, EL INGRESO DE SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS PARA DESTINARLOS A LA INVESTIGACIÓN

PRETENSIÓN

CON FUNDAMENTO EN LAS EVIDENCIAS Y RAZONES PARA SEÑALAR QUE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA  CONSTITUYE UN SISTEMA CAMUFLADO, CONTINUADO Y CRECIENTE DE VULNERACIÓN DE VARIOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA, ECUARUNARI, SOLICITA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:

PRIMERO: DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD POR EL FONDO DEL ARTÍCULO 53 DE LA LOAS;

SEGUNDO: EXPRESAR DE MANERA CLARA LOS EFECTOS DE TAL DECLARATORIA: LA INEFICACIA DE ESTE PRECEPTO Y SU EXPULSIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL PAÍS

DOMICILIOS PARA LAS NOTIFICACIONES

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE LE NOTIFICARÁ EN EL PALACIO DE GOBIERNO

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO SE LE NOTIFICARÁ EN SU DESPACHO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

DE SER DEL CASO, SE LE NOTIFICARÁ AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EN SU DESPACHO DE LA AVENIDA AMAZONAS  N39-123 Y ARIZAGA DE LA CIUDAD DE QUITO.

SEÑALAMOS EL CASILLERO CONSTITUCIONAL 458 Y SU CORREO ELECTRÓNICO: merovingio@hotmail.com,  carlosperezunagua@gmail.com del DOCTOR RAÚL MOSCOSO y CARLOS PEREZ GUARTAMBEL RESPECTIVAMENTE.

Respetuosamente

  1. CARLOS PÉREZ GUARTAMBEL                                  BLANCA CHANCOSO

PRESIDENTE  MAT 1772 CAA                                                  VICEPRESIDENTE

 

  1. RAÚL MOSCOSO ÁLVAREZ

MATRÍCULA PROFESIONAL Nº 1040 CAP

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2) El Decreto 739 que restringe la libre asociación y es ampliación del Decreto 16

SEÑORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

NOSOTROS CARLOS PÉREZ GUARTAMBEL EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ECUADOR RUNAKUNAPAK RIKCHARIMUY “ECUARUNARI”, legitimados activos en el proceso, como se infiere de los nombramientos anexos a la demanda, con fundamento en los artículos 436.2 y  439 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en adelante “CRE”; 74 y 77 de la LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, en adelante “LOGJCC,  formula la siguiente demanda de inconstitucionalidad:

Presentamos la demanda en contra del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado LENIN MORENO GARCÉS.

La demanda pretende la inconstitucionalidad por el fondo del Decreto Ejecutivo Nº 739, de 12 de agosto del 2015, publicado en el Registro Oficial N° 570 de 21 de agosto del 2015, que contiene La Codificación y Reformas al Decreto Ejecutivo N° 739, de 4 de junio del 2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 16 de 20 de junio del 2013 y sus Reformas

Como solicitamos la inconstitucionalidad por el contenido, la presente acción es oportuna y no tiene plazo de vencimiento para su formulación, de conformidad al artículo 78.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

INCONSTITUCIONALIDAD SISTÉMICA E INTEGRAL  DEL DECRETO Nº 739

Consideramos que el decreto ejecutivo de marras, en su integridad, es inconstitucional por su contenido por las siguientes razones y fundamentos:

Parte de la desconfianza anacrónica (propia del liberalismo decimonónico) en las sociedades intermedias, fundadas  por personas naturales para cumplir objetivos altruistas y no de lucro.

Se sustenta asimismo y paradójicamente en el temor (propio de los gobiernos autoritarios) de que el individuo asociado con otros  se halla en mejores condiciones de defender sus derechos frente al poder del Estado y del mercado y de obtener incidencia política en asuntos que atañen a la comunidad.

Estima que la fundación de las sociedades intermedias sin finalidad de lucro tiene su origen en la voluntad del Estado y no en el ejercicio de la libertad de asociación de quiénes lo conforman.

Miguel Angel Ekmekdjian,  al hablar de la existencia de una asociación como persona jurídica, sostiene que su nacimiento en suma, depende del acto de voluntad coincidente de sus miembros, y no del reconocimiento del Estado, de la misma manera que el nacimiento de las personas físicas y su carácter de tales, tampoco depende de él

La percepción estatista de actual gobierno central, induce  a la conclusión peligrosa de que el Estado, como padre creador de las asociaciones, puede extinguirlas a su arbitrio, más aún si el artículo 577 del Código Civil (cuerpo legal del siglo XIX, precepto no citado expresamente en el decreto ejecutivo cuestionado), permite a la autoridad que legitimó su establecimiento la disolución, aún contra la voluntad  de sus miembros, si determina que  comprometen la seguridad o los intereses del Estado o no corresponden al objeto de su institución.

Confunde la creación o fundación de una asociación con el reconocimiento debido del Estado para que ésta criatura social ya nacida adquiera personalidad jurídica y se halle en condiciones jurídicas de operar y realizar actos y contratos. El papel del Estado se reduce entonces al otorgamiento de las facultades para que esta pueda desenvolverse en la sociedad.

Estas percepciones contradictorias, pero igual de anacrónicas, (liberales decimonónicas y socialistas no libertarias) han engendrado el decreto ejecutivo Nº 16, que interpretado sistemática (a partir del contexto general del texto normativo) y teleológicamente (desentrañar los fines que persigue), como prescribe el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, crea trabas y requisitos desgastantes para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones fundadas por sus miembros; impone controles extenuantes y mecanismos de vigilancia panópticos a sus operaciones; y prescribe causales de extinción de cláusula abierta que permite al Estado administrador (el ejecutivo), como juez penal y parte fiscal, terminar arbitrariamente con la personalidad jurídica de una asociación, en un proceso, que, por su carácter sancionatorio, tiene que someterse a una ley que no a un cuerpo normativo inferior como el decreto ejecutivo cuya inconstitucionalidad demandamos. Los papeles antinómicos desempeñados simultáneamente por el Estado, de juez y parte fiscal y acusatoria, en estos juicios administrativos de corte penal sancionatorio, lesionan los artículos 75 y 76.7l) de la Constitución, que exigen que el juzgador sea independiente e imparcial.

Estas trabas, controles y amenazas inminentes de sanciones y de disolución de las asociaciones, consignadas en el Decreto 16, han sido introducidas como normas vinculantes con el propósito político de permitir únicamente la existencia y operación de sociedades intermedias cooptadas, dependientes, subordinadas y funcionales al poder. Desde una interpretación teleológica de este reglamento: se persigue restar de contenido y menoscabar el libre ejercicio del derecho de asociación, en clara vulneración del  principio que dispone que ninguna norma podrá restringir el contenido de los derechos y garantías consagradas en la Constitución,  y del derecho de asociación, recogidos, en su orden, en los artículos 11.4 y 66.13 de la CRE.

Cabe precisar que el artículo 577 del Código Civil, cuya ausencia en los considerandos del Decreto Nº 16 hemos denunciado, no es suficiente para llenar el requisito de reserva de ley, debido a que la disolución de las asociaciones por parte de la autoridad es una sanción o un castigo. No alcanza porque nos encontramos nada menos que en el campo penal, más allá de que sea conocido y resuelto en vía administrativa.   En tratándose de un asunto sancionatorio, la ley tiene que establecer, con alta precisión, el hecho típico, culpable y sancionado con la pena, mediante preceptos que tiene que ser interpretados de una forma restrictiva que no de manera abierta. No cabe dejar entonces al arbitrio de la autoridad pública, a su parecer caprichoso, atribuyéndose los papeles contradictorios de juez y parte, la determinación sesgada de que un hecho atribuido a la asociación denunciada o acusada es contrario a la seguridad o a los intereses del Estado o que es contrario a su objeto social.

El decreto cuestionado no respeta sino que pervierte el principio “nullum crimen, nulla pena sine legem”,  consagrado en el artículo 76.3 CRE, mismo que se aplica inclusive a los procesos administrativos sancionatorios.

Las trabas, los controles, la vigilancia panóptica y la posibilidad discrecional del Estado de extinguir a las asociaciones, da pábulo para que el gobierno de turno i) neutralice burocráticamente la gestión y acabe con las asociaciones que pretenden, como todas ellas, incidir en políticas públicas relacionadas a su objeto social y ii)  otorgue facilidades para reconocer asociaciones de su creación y a su medida, a través de interpuestas personas, que ajusten dócilmente sus actividades a los intereses coyunturales del gobierno de turno.

Marcelo Espinel, abogado de FUNDAMEDIOS, recomienda adoptar medidas para fomentar un ambiente seguro y respetuoso para la sociedad civil. Esto incluye la eliminación de políticas y normativas que limitan injustificadamente el derecho a la libre asociación. Específicamente los Decretos Ejecutivos N° 16 y N ° 739, mismos que deberían ser derogados y sustituidos por una ley integral que elimine todas las restricciones a la libertad de asociación, de conformidad con el artículo 21 y 22 de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Abstenerse de realizar actos que conduzcan al cierre de las organizaciones o la suspensión de sus actividades pacíficas, y restablecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que han sido arbitraria e indebidamente retirada su personería jurídica.

Para el antes citado Miguel Angel Ekmekdjian, el derecho de constituir una asociación es el modo primigenio y más sencillo de ejercer el derecho. Cuando diversas personas deciden unir sus esfuerzos en la obtención de un objetivo común, señala que el Estado no puede interferir a esta acción ni someterla a restricciones que con el pretexto de reglamentarla, pueden afectar la consecución de la meta fijada por aquellas, siempre que sea lícita. (el remarcado es nuestro)

El decreto de marras tiene un fuerte impacto en el país. Cubre el universo de asociaciones, de primer, segundo y tercer grado. En principio cubriría todas las especies de asociaciones; como por ejemplo: las organizaciones indígenas, gremios profesionales, asociaciones de comerciantes minoristas, las comunas, las asociaciones de campesinos, las organizaciones que defienden los derechos humanos, las fundaciones y corporaciones ecologistas.

A contracorriente i) del liberalismo del siglo XIX, que desconfiaba de las sociedades intermedias sin fines de lucro y ii) del socialismo autoritario que las considera como amenazas a su proyecto político de recabar el poder absoluto y perpetuarse en el poder, desde mediados del siglo XX, el derecho de asociación ha ido siendo cada vez más reconocido en el derecho internacional en diversos documentos:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo proclama en su artículo 20 en los siguientes términos:

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
  2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos elaborado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas contempla la libertad de asociación en su artículo 22, si bien admite la posibilidad de restricciones en el mismo.9 El apartado 1 dice lo siguiente:

Toda persona tiene el derecho a la libertad de asociación con otras, incluyendo el derecho a crear y formar parte de los sindicatos laborales para la protección de sus intereses.

La Convención Europea de Derechos Humanos elaborada en el ámbito del Consejo de Europa lo proclama en su artículo 11, junto con el derecho de reunión, e incluyendo expresamente en su ámbito el derecho de sindicación. Admite restricciones al mismo.10 El apartado 1 dice:

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos elaborada en el ámbito de la Organización de Estados Americanos lo proclama en su artículo 16, admitiendo también restricciones.11 El apartado 1 dice:

Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

PRECEPTOS QUE PONEN DE MANIFIESTO LA INCONSTITUCIONALIDAD SISTÉMICA E INTEGRAL DEL DECRETO EJECUTIVO Nº 739 POR SU CONTENIDO

Sobre el Decreto Ejecutivo N° 16, de cual el Decreto N° 739 es su codificación

El Decreto Ejecutivo N° 16, del cual el Decreto N° 739 es su codificación, por una parte, i) en sus considerandos, dice inspirarse en derechos fundamentales, citando disposiciones expresas que los consagran (artículos 66.13, referido a la libertad de asociación, y 96, que reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar proceso de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas…), y, por otra, ii) en su parte preceptiva – ¡vaya la incoherencia! –   contiene disposiciones que restringen directamente o que facultan al gobierno nacional de turno a restringir su contenido y ejercicio, dándole, desde una norma infra-legal, atribuciones y discrecionalidades no conferidos por la Constitución ni por la ley, en grosera vulneración del artículo Constitución de la República del Ecuador 226 CRE.

El Decreto ejecutivo N° 16 no ha sido capaz de citar en sus considerandos el artículo 577 del Código Civil, la única norma legal que le facultaría a disolver una asociación, en el supuesto no consentido de que no se tratara de una sanción o pena y que el juzgador no fuese al mismo tiempo parte acusadora. No ha citado este precepto legal remotamente pertinente, ni para guardar las formas. Omisión ésta lo suficientemente potente como para calificar al Decreto ejecutivo N° 16, de indebidamente motivado y por lo tanto transgresor, de origen y en su contenido, del artículo 76.7 l) Constitución de la República del Ecuador (CRE).

El Decreto Ejecutivo N° 739 cuya inconstitucionalidad impugnamos, agrava la falta de la debida motivación pues no se refiere al Código Civil ni de manera genérica como lo hace el Decreto N° 16

El séptimo considerando del Decreto N° 16, del cual es codificación el Decreto N° 739, se refiere al registro de las organizaciones, mencionado en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; los considerandos once y trece, al registro único de organizaciones de la sociedad civil, a cargo de la Secretaría de Pueblos, Movimientos y Participación Ciudadana, como organismo público que lidera las políticas públicas destinadas a normar y garantizar la promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales, para cuyo efecto ejecuta las acciones y medidas conducentes a su estimulación, encausamiento y consolidación; y los considerandos catorce y quince, a la institucionalización del sistema unificado de organizaciones sociales y el encargo a la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, como responsable de este registro único, la rectoría del sistema unificado de las organizaciones sociales. De la lectura de estos considerandos, se desprenden ciertas palabras claves y de éstas, la intencionalidad del reglamento. Las palabras claves: registro, registro único, sistema unificado de registro de las organizaciones sociales, encausamiento, Secretaría de Pueblos y Secretaría de Gestión de la Política, revelan lo siguiente: 1) el afán de cooptación por el gobierno de las organizaciones sociales, 2) el propósito de vigilar y controlar las actividades de las organizaciones sociales no alineadas y 3) oscuridad y contradicción respecto de las facultades de estas secretarías nacionales y de sus roles en la misión de cooptación y de vigilancia y control político de las organizaciones sociales. Esta vigilancia panóptica y la finalidad de controlar de manera asfixiante a las organizaciones de la sociedad civil, responden a la finalidad de subordinar su accionar a los propósitos políticos de gobierno.

Los considerandos del Decreto N° 739, cuya inconstitucionalidad demandamos, se reduce a cinco, ninguno de los cuales hacen relación a disposiciones constitucionales o legales en los que debe fundamentarse para disolver las sociedades intermedias; y delatan, sin expresar directamente, la teleología de esta normativa infra legal (cooptación de las organizaciones sociales; vigilancia y control panóptico de las mismas). Estos considerandos, alusivos a los varios decretos ejecutivos pertinentes a este sistema, ponen de manifiesto el objetivo de homologar los requisitos y superar las contradicciones entre estos cuerpos normativos y poner en vigencia un texto codificado de este reglamento. La agenda escondida del decreto impugnado, pero revelada, por inferencia, crea un cuerpo normativo diseñado para eliminar o restringir severamente el contenido y el ejercicio de los derechos de asociación, reunión y de participación protagónica de la sociedad civil en los asuntos que atañen a la comunidad. (artículos 66.13 y

El artículo 1 del Decreto N° 739, precisamente incorpora en el objeto de este reglamento: la homologación de los requisitos.

El artículo 6 del Decreto 739, tiene apenas cinco derechos de las organizaciones sociales. Suprime el derecho de obtener el certificado emitido por el (Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS), que constaba en el Decreto 16.

En relación a los derechos, no se determina, al igual que el Decreto 16, a cuál entidad pública le compete qué obligación respecto de cada uno de ellos.

El artículo 6 del Decreto 739, tiene apenas cinco derechos de las organizaciones sociales. Suprime el derecho de obtener el certificado emitido por el (Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS), que constaba en el Decreto 16.   Se suprime la obligación de registrar en el portal del sistema unificado de información de organizaciones sociales la declaración de los proyectos financiados con fuentes externas, misma que en el Decreto 16 constaba en el numeral 6.

Entre las obligaciones señaladas en el artículo 7 del Decreto 739, se hallan la de entregar información exigida en este reglamento, de una manera completa a la entidad competente del Estado, información relevante para el buen gobierno de la organización social (numeral 2) y la obligación   de recibir como miembro de la organización a cualquier persona que tenga interés en participar en ella ( que constaba en el numeral 10 del Decreto 16),  ahora sustituido por el numeral 9, cuyo texto suaviza sin suprimir el contenido, con la obligación de respetar el derecho de asociarse del extraño a una organización social, ponen de manifiesto el afán de control y vigilancia sobre las organizaciones sociales, sobre las base de desconfianza en la sociedad civil organizada en sociedades intermedias y del criterio ideológico de nada puede hacerse fuera del Estado.  Disposiciones reglamentarias estas que se hallan en contra del derecho de participación ciudadana reconocida en varios preceptos constitucionales, entre estos, los artículos 95 al 99 de la Constitución de la República.

En relación al artículo 7.9 del Decreto 739 – insistimos-  se incurre (pese a un texto más diplomático que sustituye el contenido en el artículo 7.10 del Decreto 16) en la barbaridad de obligar a recibir como miembro de una organización territorial o única en el territorio a cualquier persona, que bien pudiere tener el encargo del gobierno nacional de espiar o acabar por dentro a la organización social. Se trata sin duda, de una grosera violación de la libertad de asociación (66.13 CRE), que implica tanto el derecho de las personas de asociarse libremente y no por imposición y de las organizaciones sociales de recibir o inadmitir, según sus propios criterios, como miembro a cualquier persona que pretenda incorporarse a ellas en esa condición.

Cuando leemos el artículo 37 del Decreto 739, referido al SUIOS, detectamos, sin requerir mayor discernimiento, el propósito de vigilar y controlar, en clave panóptica, a las organizaciones sociales, a las cuales se les tiene desconfianza y bajo sospecha de comisión de delitos comunes y políticos.

La reglamentación y procedimientos para aprobación de estatutos; el otorgamiento de la personalidad jurídica; la reforma y codificación de estatutos; el régimen democrático interno; el registro de inclusión y exclusión de socios; el régimen patrimonial; la inactividad, disolución, liquidación y reactivación de las organizaciones sociales, es aplicada a rajatabla, con el propósito de trabar de manera irracional los procesos de constitución, operación y disolución de las organizaciones sociales. Sin mencionar lo previsto para las organizaciones extranjeras. El farragoso pliego de requisitos para cada paso ya de por sí, sin necesidad de burocratismo o consignas políticas, hace difícil el desenvolvimiento normal de las sociedades intermedias, lo cual, como es obvio, impide el libre ejercicio de asociación de los ciudadanos y de las organizaciones sociales que han conformado para cumplir objetivos socialmente plausibles.

Nota aparte merece el artículo 22 del Decreto 739, que contiene 8 causales de disolución de las organizaciones sociales. Algunas de estas, la disolución constituye una sanción desproporcionada en relación a las supuestas infracciones administrativas. Así, las causales que aluden: al desacato de disposiciones emanadas por las autoridades competentes para el otorgamiento de la personalidad jurídica (numeral 3) y a la disminución del número de miembros del mínimo reglamentario (numeral 4). La sanción desproporcionada, como sabemos, vulnera el artículo 76.6 de la  Constitución de la República. Esta drasticidad en el castigo de disolución de la asociación  por alguna de las causales citadas, puede ser aplicada con toda la intencionalidad de acabar con la vida jurídica de una organización social que molesta al poder, contra la cual éste no encuentra hechos ni razones para indilgar infracciones más graves.

Evidencias empíricas dan razón de que el poder ejecutivo ha encontrado en las causales de disolución referidas: al desvío de los fines y objetivos para los cuales fue constituida ( causal 2); a la supuesta injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o, que afecten la paz pública causal 6), los más expeditos pretextos para disolver las sociedades intermedias que les son política y socialmente antipáticas, a las que adicionalmente acusan de incumplir con las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y el decreto o de incurrir en las prohibiciones establecidas en este reglamento (causal 7). Tenemos los casos emblemáticos de la disolución fundación PACHAMAMA y de la UNE. La corporación Acción Ecológica, organización sobre la cual el poder tiene puesta la mira,  fue salvada por la campana del momento electoral que vive el país en estos días.

Ocurre – y esto es lo más grave – que la declaratoria de disolución le corresponde a la cartera de Estado que aprobó el estatuto de la organización social sindicada. Es decir que el poder ejecutivo es juez y parte fiscal y asegura llevar el proceso sujeto al Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en lo aplicable, pero en realidad se trata de un trámite aparente para esconder la orden previa de extinguir la organización, con fines políticos, por las causales que sean necesarias.

Obviamente, este enjuiciamiento, en sede administrativa, es sancionatorio o penal, y como antes hemos indicado, además de ser presidido por un juez imparcial, independiente y competente, por así disponer los artículos 75 y 76.7k) de la Constitución, tiene que someterse a reserva de una ley previa que tipifique con alta precisión la infracción y establezca la sanción correspondiente, a la  luz de lo que señala el artículo 76.3 de la Constitución. Pero es el caso, que la disolución de la organización social no es resuelta por un juez imparcial, independiente y competente, sino por un funcionario público dependiente y parcializado; que el Código Civil, a secas y sin mencionar norma expresa,  no ofrece fundamento legal para semejante arbitrio del poder ejecutivo, este de disolver a su antojo una sociedad intermedia, en el marco de un proceso administrativo de tipo penal, que irrespeta el debido proceso; y que el Decreto Ejecutivo 739 ni ningún otro de igual calibre jurídico, carece de linaje legal. Lo cual significa que la disolución como sanción, declarada por un juez dependiente y parcializado, en base de causales que admite y subsume cualquier cantidad de hechos como infracciones sancionables, vulnera las normas de principios, derechos y garantías de protección antes citadas: artículos  75, 76.3 y 76. 7k) de la Constitución de Montecristi

El ministro, todo un patrón o padrino, como juez y parte fiscal, denuncia, acusa, presenta pruebas de cargo, las sobrevalora, desestima las pruebas de descargo y lleva bajo el brazo la resolución de disolver la organización social a la audiencia de juzgamiento, antes de iniciar el amago de proceso administrativo; declaratoria de disolución fundamentada en una interpretación abierta, dejada a la discrecionalidad y arbitrio ilimitado del juzgador-acusador, dueño de la vida jurídica de la organización social que ha caído en sus manos. Forma de interpretación abierta de normas infra-legales, impresentable en materia de juzgamiento penal.

El decreto ejecutivo N°739, como vemos, se inscribe en un sistema de vigilancia, control y represión al individuo, al emprendimiento social y a las organizaciones sociales, creadas y por crearse, y mutila el contenido y el ejercicio mismo de los derechos de asociación y de participación ciudadana. Las disposiciones a las que hemos hecho referencia, unas veces de manera general y otras de forma específica, no son otra cosa que puntales de este sistema.  Sin entender este “todo” viciado de inconstitucionalidad sistémica: el decreto 739,  no se explica la presencia, la interpretación y la aplicación inconstitucionales de sus “partes” integrantes: los considerandos y los preceptos que desarrollan su contenido reglamentario.

Pretensión de la demanda

Sobre la base de estos antecedentes de hecho y de derecho, solicitamos de la Corte Constitucional, con fundamento en los artículos 436.2 Constitución de la República del Ecuador y 75 d) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, declarar, mediante sentencia, la inconstitucionalidad por el contenido y la invalidez de Decreto Ejecutivo Nº 739, de 12 de agosto del 2015, publicado en el Registro Oficial N° 570 de 21 de agosto del 2015, que contiene La Codificación y Reformas al Decreto Ejecutivo N° 739, de 4 de junio del 2013, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 16 de 20 de junio del 2013 y sus Reformas.

Debemos entender que la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nº 739 lleva en su vientre la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nº 16, en tanto aquél es una codificación de éste.

Domicilio para las notificaciones

Señalamos el casillero constitucional Nº 458 y el correo electrónico merovingio@hotmail.com y carlosperezunagua@gmail.com del  doctor Raúl Moscoso Álvarez y Carlos Perez Guartambel

Al señor Presidente Constitucional de la República se le citará o notificará en el Palacio de Gobierno, situado en la calle García Moreno, de la ciudad capital.

Se le notificará al señor procurador general del estado, en su despacho de la avenida amazonas  n39-123 y Arízaga de la ciudad de Quito

Respetuosamente

 

  1. CARLOS PÉREZ GUARTAMBEL              DR. RAÚL MOSCOSO ÁLVAREZ

Mat 1172 CAA                                      Matrícula profesional nº 1040 CAP