CONAIE: MANDATO al Gobierno Nacional

Los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador- CONAIE con la participación de sus regionales: ECUARUNARI (Sierra), CONFENIAE (Amazonia), CONAICE (Costa) y Autoridades del Movimiento PACHAKUIK, entregaron al Gobierno Nacional de L. Moreno el MANDATO urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural en Corondelet el pasado 4 de julio de 2017.
EcuaChaski:-
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MANDATO urgente para la implementación y construcción del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural

Quito, 04 de julio de 2017
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, como órgano nacional de gobierno de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, integrada regionalmente por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador ECUARUNARI, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana CONFENIAE, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana CONAICE, reunida en Asamblea extraordinaria el 10 de junio pasado, en Unión Base-Puyo, decide compartir su visión y planteamientos recogidos en el presente documento con la sociedad organizada, la ciudadanía en general y con las distintas instancias del Estado con el propósito de generar espacios de debate y definiciones políticas y económicas que nos permita enfrentar la actual situación del país y sentar las bases de una real construcción del Estado Plurinacional y de la sociedad intercultural.

Este documento recoge las ideas y propuestas más urgentes de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, para su permanente construcción, porque las realidades y las concepciones individuales y colectivas que de ellas tenemos están en continua renovación. Este documento pretende ser un instrumento que nos permita sentarnos a conversar con las organizaciones y las personas que, al igual que nosotros, luchan contra las desigualdades, la explotación social económica y contra la discriminación política cultural. En definitiva, queremos que este documento ayude a juntarnos para construir y platear alternativas reales a las y los ecuatorianos.

I. Para la CONSTRUCCION del ESTADO PLURINACIONAL:

Los derechos políticos, sociales, económicos y culturales que constan en la actual Constitución no son dádiva de un gobierno, mucho menos de una persona, son el resultado de largos procesos de lucha de los pueblos. Pero los sectores gobernantes y grupos de poder han buscado limitar o distorsionar las legítimas demandas de las organizaciones sociales. La Plurinacional es un claro ejemplo de esta disputa: la Constitución limita el carácter plurinacionalidad del Estado a un mero reconocimiento de las diferencias culturales sin tocar las estructuras coloniales del Estado.
Para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades la Plurinacionalidad solo es posible con la transformación de las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas del Estado, que permita la superación de la explotación y discriminación entre los pueblos y clases sociales.
En esta perspectiva, para esta coyuntura demandamos:

1. TERRITORIO y BIODIVERSIDAD:

– La Declaratoria al Ecuador Libre de Minería Metálica industrial en todo el territorio nacional, como garantía elemental del ejercicio del Estado Plurinacional, la libre determinación y el consentimiento previo libre e informado sobre los territorios, tierras, aguas y recursos naturales.
– Respeto de los sistemas comunitarios de administración y gestión del agua, para lo cual se debe aprobar una normativa que regule este régimen reconocido por la Constitución, y que debe estar en sintonía con la realidad de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, campesinos, usuarios de aguas de uso humano y de riego a nivel local, provincial y nacional.
– Aprobación de la ley de Circunscripción Territorial Especial Amazónica CTEA, reconocimiento de las Circunscripciones Territoriales Indígenas CTIs. Garantizar la transferencia oportuna del presupuesto general del Estado a los gobiernos descentralizados, en especial a los más apartados y desatendidos históricamente.
– Respeto y cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, con consentimiento.
– Restitución de los territorios de las comunidades desplazadas por proyectos de minería, hidroeléctricas, megaturismo, entre ellos las parroquias Tundayme, San Carlos y Panantza (Tsuntsuim, San Antonio) despojadas violentamente por el proyecto minero “Mirador” y Panatza-San Carlos, mismos que son inconsultos e inconstitucionales en consecuencia deben ser revertidos al Estado.

2. POLITICO

– Declaración de amnistía e indulto a todas y todos los luchadores sociales actualmente procesados y/o condenados.
– Descolonización del Estado mediante el ejercicio de la democracia plurinacional y Construcción real del Estado Plurinacional e intercultural, mediante el respeto de los Gobiernos Comunitarios y sus sistemas de ejercicio de autoridad territorial, de planificación, administración comunitaria del agua, administración de la justicia comunitaria e indígena. En esta perspectiva se debe crear leyes acordes con el carácter plurinacional del Estado, entre otros, una ley de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, así como la reforma de leyes que limiten o contradigan los derechos colectivos reconocidos en la Constitución, tales como: Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; COOTAD; Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua y su reglamento e instructivo, ley de semillas, entre otros.
– Respetar los distintos tipos de organización social independiente, con este fin pedimos la derogatoria de los Decretos 16 y 739, así como el archivo del proyecto de ley de participación ciudadana.
– Respetar el derecho a la libre organización social.
– Dejar sin efecto los nombramientos de las directivas ilegitimas, no reconocidas por sus organizaciones de base y sus instancias internas.
– La planificación del Estado central y local debe respetar y recoger la diversidad regional, de las demandas de las nacionalidades y pueblos indígenas.
– Respeto irrestricto a la independencia a las funciones del Estado.
– Desarrollar y respetar el principio constitucional del pluralismo jurídico.
– Respeto y fortalecimiento de la justicia indígena y comunitaria en todos sus actos jurisdiccionales, así como los mecanismos de cooperación y coordinación con el sistema de justicia estatal.
– Implementar la independencia de las instituciones indígenas creadas en las instancias estatales, en aplicación de los Arts. 1, 56, 57 y 60 y frenar la vulneración de los derechos al haberlas ubicado en condiciones subordinadas e informantes en el consejo de igualdad.
– Exigir la entrega de mayor presupuesto para los gobiernos locales alternativos.
– En cumplimiento de lo prescrito en la Constitución demandamos la inmediata transferencia del fondo partidario del Movimiento Pachakutik.

3. EDUCACION:

– Respetar y cumplir con el ejercicio de los idiomas originarios tanto a nivel oficial-estatal como del ejercicio directo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
– Restitución y reestructuración del sistema de educación intercultural bilingüe, con autonomía administrativa, financiera y pedagógica, que reconozca la participación de las autoridades comunitarias y de las comunidades en todos sus niveles. Respeto y repotenciación del modelo de educación intercultural bilingüe comunitaria en lo rural y urbano.
– Fortalecer y reorientar la perspectiva intercultural del sistema de educación nacional (pública y privada), para ello es necesario reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley orgánica de Educación superior para garantizar el cumplimiento de las grandes metas educaciones propuestas en el sistema Educativo Nacional y particularmente en el SEIB.
– Creación de mecanismos de acción afirmativa que permita el acceso de estudiantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afro descendientes, particularmente de aquellos que acusan los mayores déficits educacionales. Priorizar a estos colectivos socio-históricos en la asignación de becas de estudios, dentro y fuera del país.
– Priorización de la incorporación de docentes-investigadores indígenas ecuatorianos, que cumplan con los requisitos establecidos por la ley, en las universidades del país, especialmente en la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, para garantizar el uso pedagógico de las lenguas y culturas nacionales originarias. Fomentar y auspiciar la investigación académica universitaria sobre las lenguas y las culturas ancestrales para promover su rescate, revitalización y desarrollo.
– Revisión y desarrollo de propuestas curriculares para incrementar la calidad de una formación en todos los niveles educativos, que obedezca a los principios de: derechos, interculturalidad, inclusión y de género.
– Evaluar la gestión académica y administrativa del sistema educativo universitario, especialmente de las Universidades emblemáticas.
– Fortalecer la educación pública, laica, intercultural y gratuita en todos los niveles, y democratizar su acceso para todos los ecuatorianos.
– Garantizar el libre ingreso de los jóvenes a educación superior.

II. Hacia el cambio del MODELO ECONOMICO

Reactivación de la economía desde el campo: En los últimos 40 años, el campo y la economía agraria han sido olvidados, sobre todo se ha marginado a los campesinos, a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Las políticas agrarias aplicadas en los 10 años del pasado gobierno ha beneficiado a pocos sectores, sobre todos a la agroindustria y el comercio agroexportador, que no ha democratizado la tenencia de la tierra ni el acceso a los recursos productivos, más bien ha incentivado una agresiva concentración del mercado y un acelerado debilitamiento de las pequeñas y medianas economías, especialmente la agricultura familiar y comunitaria. Frente a esta realidad y desde una perspectiva democrática y plurinacional es urgente crear las condiciones necesarias para la construcción de una economía agraria basada en la soberanía alimentaria.

Con este fin proponemos:
1. Ratificar las demandas históricas de activar una verdadera revolución agraria, que implique la redistribución del agua y la tierra, que promueva y proteja la producción para la soberanía alimentaria, con créditos para las pequeñas economías campesinas, el acceso a tecnología amigable con la naturaleza, culturalmente pertinentes, que use los saberes milenarios, que rompa con las cadenas de intermediación injustas con los productores y consumidores.
2. Redefinición de las políticas de control fiscal y sanitario de la producción y comercialización agropecuaria, evitando afectar sobre todo a las economías familiares y comunitarias.
3. Moratoria petrolera, hasta que se establezca con suficiente claridad sus consecuencias económicas, ambientales, socio-culturales.
4. Crear y proteger el empleo rural: agrícola, artesanal, comercial, industrial.
5. Respeto de los derechos de los trabajadores. Fomentar el empleo y respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, en especialmente el derecho a la libre organización, contratación colectiva, derecho de huelga, a la remuneración digna que cubran la canasta básica, seguridad social. Exigir a los empleadores el pago mediante la tabla de salarios fijados por el Estado. Eliminación de todo tipo de tercerización del trabajo.
6. Impulsar procesos de industrialización apropiada que permita la introducción de valor agregado a la pequeña y mediana producción tanto en lo urbano como en el campo, con principal atención a las economías familiar y comunitaria; esto como base para un real cambio de matriz productiva.
7. Promover la inversión interna del ahorro nacional, evitando la fuga de recursos al exterior, para todo ello, es preciso contar con normas y políticas claras.
8. Impulso de la producción agropecuaria mediante facilidad de créditos, subsidios focalizados, desmonopolización del mercado interno.
9. Promover modelos económicos alternativos, incentivando iniciativas productivas propias, ambiental y culturalmente apropiadas, que potencie la sostenibilidad económica de los territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas por la explotación y concesiones petroleras y mineras.
10. Fiscalización y auditoria exhaustiva de los destinos, beneficiarios y usos de los recursos obtenidos mediante deuda externa, concesiones mineras, petroleras, telefonía celular y contratos de obra pública emblemáticas en los últimos 10 años.
11. Renegociación o nacionalización de los contratos de servicio de telefonía celular.
12. Privilegiar los impuestos progresivos, exonerando o disminuyendo para los sectores más necesitados.

III. DEMOCRACIA y DERECHOS HUMANOS

La democracia y los derechos humanos son condiciones básicas para la convivencia individual y colectiva de toda sociedad y para el funcionamiento legitimo del Estado. Si bien la Constitución ecuatoriana reconoce muchos derechos orientados en este sentido, sin embargo muchas de las políticas gubernamentales y leyes aprobadas en estos últimos 10 años han ido en contrasentido del camino señalado por la Constitución.

Por ellos proponemos:
1. Crear espacios reales de participación política activa de la sociedad organizada, orientadas a la construcción del Estado plurinacional.
2. Eliminar todas las normas jurídicas que lesionen el derecho a la libre organización de la sociedad, en sus distintos estamentos.
3. Desmotar toda forma jurídica e institucional que promueva la criminalización de la protesta social.
4. Reformar el Código Orgánico Integral Penal.
5. Respetar la libertad de expresión y democratizar el acceso a los instrumentos y medios de comunicación.
6. Cumplimiento estricto del 34% del espectro radio eléctrico (radio y televisión) para la comunicación comunitaria, en especial para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, mediante la apertura de otro concurso público de frecuencias de radio y televisión de radio y televisión de señal abierta.
7. Como expresión de la continuidad histórica demandamos la transferencia de los derechos de la CONAIE sobre su casa y sede nacional.
8. Demandamos la defensa de la autonomía del IESS, pago de la deuda del Estado al IEES, derogatoria del Convenio Marco Interinstitucional para la implementación de la Red Pública Integral de Salud y las Resoluciones que atentan a la autonomía administrativa, económica e institucional del Régimen Especial del Seguro Social Campesino.
9. Desmilitarización de los territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades intervenidos por razones de explotación y concesiones petroleras y mineras.
10. Permitir la participación de observadores internacionales (ONU, OEA, UNASUR) en los territorios que sufren violencia provocados por concesiones mineras y petroleras, particularmente en Nankints, Tundayme, Cordillera del Cóndor, Quimsacocha, Intag.
11. Restitución de las frecuencias cerradas de radios comunitarias y la devolución de los equipos confiscados.
12. Restitución jurídica de las organizaciones sociales cerradas, desintegradas o intervenidas.
13. Investigación excautiva de los asesinatos de los líderes shuar anti mineros Bosco Wisum, Fredy Taish y José Tendetza.
14. Respetar el carácter imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible de la propiedad comunitaria y la posesión ancestral: caso Centro Shuar San Francisco de Pakintsa y otros.

IV. Combatir la CORRUPCION y la IMPUNIDAD

La corrupción es uno de los más graves problemas que afecta a toda sociedad. En el Ecuador, la corrupción perjudica a los sectores económicamente más empobrecidos, pues resta del presupuesto del Estado fondos para proyectos sociales urgentes. Terminar con todo mecanismo de corrupción debe ser tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad, en este sentido, las leyes no solo deben dar capacidad a las instituciones del Estado para prevenir y combatir la corrupción, sino debe proteger y promover los mecanismos sociales, individuales y colectivos, de lucha contra la corrupción.
Proponemos:
1. Erradicar la corrupción mediante la adopción de sistemas de investigación agiles y oportunas, con participación ciudadana, y eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
2. Fortalecer la capacidad de control y fiscalización de la legislatura sobre la acción de las instituciones públicas y sus funcionarios.
3. Eliminación de instituciones públicas-burocráticas innecesarias y disminución de sueldos excesivos de los funcionarios públicos.
4. Fortalecer y respaldar las acciones de la Comisión Nacional Anticorrupción, auspiciados por las organizaciones sociales y exigimos del Estado que trámite e investigue las denuncias que esta Comisión ha presentado, a fin de que ningún acto de corrupción y sus responsables queden en la impunidad.
5. Creación de una ley que prohíba a funcionarios públicos o autoridades electas que han sido sancionados administrativa o judicialmente por corrupción volver a ocupar un cargo público.
6. Reformar todas las leyes pertinentes que impiden o limitan la fiscalización, el libre y directo acceso a la información pública de las acciones públicas de los funcionarios del Estado.

Atentamente,
Jorge Herrera
PRESIDENTE CONAIE

Carlos Pérez
PRESIDENTE ECUARUNARI

Marlon Vargas
PRESIDENTE CONFENIAE

Edison Aguavil
PRESIDENTE CONAICE